La seguridad de nuestro futuro

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Juan Carlos Ortega García

Al abordar cualquier aspecto de “la Seguridad Privada”, desde la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada y ante la impaciente espera por tener en nuestras manos el Reglamento que la matice, resulta tentador para los veteranos del sector no echar la vista atrás, con más nostalgia que otra cosa, y concluir que “cualquier tiempo pasado nos parece mejor o quizás la duda de que fue mejor”, son las gafas de la nostalgia, y de una vista cansada.

Recordamoslas actuaciones bajo el amparo de aquella legislación preconstitucional como el R.D. 629/1978, el Decreto Martín Villa, esas 10 preguntas del examen con la Guardia Civil, el examen de tiro y la esperada Juramentación en el Gobierno Civil, y ya en el desempeño del servicio de vigilancia: La placa ovalada de V.J., las brillantes esposas, la defensa forrada de cuero y como no, el revólver del 38.

Blind.AusyAmbientábamos la ilusión de algún día formar parte  de la tripulación de un vehículo blindado de forma oficial o “aquellas latas de sardinas con motores Ebro o Saba que tan lejos quedaron”, transportando el preciado tesoro del dinero o la entrega de nóminas, que de alguna forma configuraban el tejido financiero de nuestro país. Deseábamos integrarnos en el equipo, con su estructura, sus mandos intermedios y el orgullo de ser Vigilante Jurado, tener la denominación jurídica de Agente de la Autoridad y prestar un servicio que aunque privado, repercutía como actores, en aquello que ocupaba el segundo lugar en la pirámide de Maslow, que constituye la Seguridad “lo mismo daba pública que privada”.

Una época donde los niveles de delincuencia eran altísimos, sobre todo en la banca, y los sistemas electrónicos de seguridad, de carácter analógico, tan caros como escasos. Bajo esta carpa, el sector ocupó niveles de expansión brutales, llegando al volumen 250.000 Vigilantes Jurados, cuando actualmente estamos ligeramente por encima de los 80.000 Vigilantes de Seguridad.

29562257El 30 de julio del año 1992.”En medio de nuestra maravillosa Expo´92, que fue galardonada a nivel mundial como eficacia en Seguridad Privada y coordinación con la Seguridad Pública en un recinto privado”, aparece la Ley 23/1992, con el objetivo de poner en orden un sector, que pese a su juventud estaba alcanzando una expansión de vértigo, con insuficientes Órdenes y Reglamentos, donde existían actividades que ni siquiera estaban reguladas. Que no significaba que no se prestasen;“como la Protección de personas”, “las C.R.As.” o “la posibilidad de la prestación de servicios por lo desproporcionado, sin armas”, ”los Departamentos de Seguridad” “el ordenado enclave de las figuras actoras de este puzle, con el correspondiente concepto formativo”.

Todo siguióprácticamente igual hasta la promulgación, casi 2 años y medio después, del no derogado R.D. 2364/1994, en definitiva “el Reglamento de Seguridad Privada”. De carácter muy regulador y restrictivo bajo la opinión de algunos, y necesario para la mayoría, ya que ha quedado demostrado que ha servido como modelo a ordenamientos jurídicos en diversos países de la Unión Europea e incluso plagiado en algunos países de Iberoamérica.

En un proceso de actualización de nuestro cada vez más obsoleto Reglamento, aparecen secuencialmente normas, con el target de amoldarlo, fundamentalmente a las nuevas necesidades de la expansión tecnológica y su aplicación al mundo de la Seguridad, o de forma imprescindible a la normativa emanada de la Unión Europea.

Existe una teoría, que de una forma generalista incluye nuestro sector dentro del Sector Servicios,y por ello menos afectado en el inicio de la crisis que venimos padeciendo desde hace ya varios años, pero con la significación de que es de los últimos que se recuperan en los tiempos de bonanza. Los niveles de bajada de los volúmenes de facturación y el consiguiente descenso de personal, es manifiesto. En medio de estas circunstancias que afectan plenamente a nuestro sector, aparece la nueva Ley de Seguridad Privada 5/2014 de 4 de abril, con un carácter más aperturistay con un marcado objetivo de dinamización, que venía atisbándose desde la Ley 25/2009 de 25 de diciembre, conocida como “Ley Ómnibus”, y las diversas modificaciones a la Ley 23/1992, por Sentencias del Tribunal Europeo de Justicia que obligaba a permitir la implantación en España de empresas provenientes de la UE, o de trabajadores de la misma.

Analizamos sus puntos más importantes:

  • En cuanto a valores que aporta esta Ley, podemos destacar en resumen del manifiesto de sus creadores como:

“Radica su importancia diferenciadora, en que más allá de un modelo de Seguridad Privada, configura un modelo de seguridad del que forma parte. Ese modelo se completará con otros textos legales o estratégicos que ya existen o que vendrán posteriormente, como son la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana o la reforma del Código Penal. Dentro de ese modelo general de seguridad en España, hay un submodelo de Seguridad Privada que se recoge en una Ley; algo que también es muy importante, porque aporta un grado de seguridad jurídica enorme”.

  • Desde el punto de vista de las novedades más importantes

“Fundamentada en  que profesionaliza la seguridad privada, tanto desde el punto de vista de los prestadores de servicios como de los propios usuarios. Esa profesionalización se ve en novedades tan importantes como los requisitos y certificaciones que se piden para las empresas. En el caso del personal, ofrece un marco de formación y selección novedoso, que debe completarse con la invitación que hace la ley al Ministerio de Educación. Y en cuanto a los usuarios, aparte de definir qué son, hará que algunos sean sujetos obligados. Esto último tiene que concretarse en el Reglamento, pero estamos seguros de que habrá un espectro más amplio de este tipo de usuarios que ahora. “Punto importante para la figura del Director de Seguridad, expansión de esta figura, objeto de esta Asociación”

“Todo ello acaba con la coordinación, que es la piedra angular. Esto es muy importante porque esa profesionalización se va a incardinar en la seguridad pública, de manera que todos los ciudadanos se beneficiarán del potencial de la seguridad privada. Además, la ley le da un mandato a la seguridad pública para que apoye a la seguridad privada cuando sea necesario. “De una vez por todas, se regula la coordinación desde el prisma de la complementación y no la dependencia absoluta”.

“Esta ley pone, por primera vez, al ciudadano en el centro de las preocupaciones de la seguridad. Es él quien tiene derecho a su seguridad, libertad y autoprotección y, como consecuencia, los demás tenemos deberes. El Estado tiene el deber de dar seguridad a todos los ciudadanos y el hecho de que participe la Seguridad Privada es también con el objetivo de servir ese derecho”. 

  • La Ley 5/2014, aborda una mayor amplitud en la prestación de los servicios.

“Esta ley está incluso mejor preparada que la de 1992. Esa norma ha admitido una interpretación cada vez más flexible que ha permitido que hayan sido posibles servicios impensables hace dos décadas. Pero ha sido fruto de una interpretación flexible de un texto legal, que además apoyaba la interpretación en normas de rango inferior. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, eso no es bueno, aunque haya veces que tienes que transitar por ese camino. Ahora, la nueva norma eleva a categoría de ley aquellos servicios, como el de protección y vigilancia en buques. De esta manera sí que hay una seguridad jurídica clara”. 

“Además, la nueva ley contiene cláusulas que permitirán aceptar en el futuro servicios para los que hoy tal vez la sociedad no está preparada o que no pensamos que puedan ser necesarios”.

“Hemos visto a través de la experiencia que los servicios que se han ido creando son buenos para la seguridad del ciudadano y se están prestando con una altísima calidad y profesionalidad. Además, esos servicios permiten que la seguridad pública concentre sus recursos allí donde se requiere su intervención de manera insustituible”.  

  • En los siguientes postulados, se abordan uno de los puntos más importantes y de vital importancia en el ansiado nuevo Reglamento, “Las Empresas obligadas a contar con medidas de seguridad”, donde es sumamente importante la figura del Director de Seguridad.

“La nueva ley contiene grandísimas transformaciones respecto a la anterior en cuanto a los sujetos obligados. La Ley 23/1992, ni siquiera los citaba porque únicamente quería regular la prestación de servicios por parte de las empresas y su personal. Es en el Reglamento de 1994 donde aparece el concepto de establecimiento obligado, pero éste viene del artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. El fundamento, en consecuencia, es la protección de la seguridad ciudadana”. 

“Este aspecto sigue siendo válido para la nueva Ley, pero se amplía según la concepción que tiene la norma sobre la seguridad privada. El enfoque es mucho más amplio en cuanto que habla de los principios de corresponsabilidad y dice que las medidas deben ser adoptadas de manera voluntaria u obligatoria”.

“Por tanto, el desarrollo que hará el Reglamento de los sujetos obligados tendrá una doble legitimidad, la de la Ley de Seguridad Privada, que antes no tenía, y la de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Si tenemos en cuenta esa doble legitimación, no creo que el Reglamento vaya a eliminar a ninguno de los que ya están, e incluso perfeccionará la forma de nombrarlos y las obligaciones que tienen”.

“Dada la experiencia y la realidad conocida, lo normal es que se amplíe el espectro de sujetos obligados. A cuántos y a quiénes está por determinar y habrá que hacer propuestas. Por tanto, usuarios y el Ministerio del Interior han de pensar quiénes pueden sumarse a la lista como sujetos obligados, en qué casos y qué tipo de medidas tendrán que adoptar”.

Vig.arma“Por otro lado, en el año 92, el catálogo de establecimientos obligados era fruto de la delincuencia que había en aquel momento, que afectaba especialmente a entidades financieras, loterías, farmacias, tiendas de antigüedades, etc. Estos establecimientos, por el tipo de actividad que desarrollaban o la forma de llevarla a cabo, bien generaban expectativas en la delincuencia o bien resultaban vulnerables. La respuesta fue imponer medidas de seguridad que trataban de evitar lo que estaba ocurriendo.Ese esquema no es válido para la sociedad del siglo XXI. Ahora tenemos que conseguir que las organizaciones interioricen una cultura de seguridad global, más allá de que una norma diga algo concreto. No obstante, además de incentivar esa cultura, la ley tendrá que concretar ciertos sujetos obligados, fruto no sólo de lo que ya conocemos sino también de lo que nos imaginamos que puede venir mañana. De ahí que la nueva ley incluya conceptos de seguridad informática, algo impensable en los años noventa”.

  • La Seguridad Informática, clave del futuro en la Seguridad Privada.

Robot“Habrá que recoger las condiciones y requisitos que deben reunir las empresas que se dedican a la seguridad informática para poder inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada. Esos requisitos vendrán dados con pretensión de calidad y seguridad”.

“El Reglamento también tiene que decir en qué casos y qué medidas de seguridad informática se pueden imponer a los sujetos obligados”.

“Por otro lado, destaca que la ley también contempla las ciberalarmas. Puedes o no tener ciberalarmas, pero si las tienes has de comunicarlas, seas o no empresa de seguridad. De lo contrario habrá una sanción. La ley dice que esas alarmas tendrán que comunicarse al organismo competente, y está aún por ver qué órgano será”.

  • “Protección de las Infraestructuras Críticas”, aunque la nueva Ley hace referencia a este aspecto tan importante para la Seguridad Privada, y la proliferación de la figura del Director de Seguridad, de obligado cumplimiento en entidades que por su nivel de riesgo sean consideradas como tal, esperaremos que la nueva normativa dé luz a la necesaria proyección del sector en esta área estratégica.

Hace poco más de cuatro años que entró en vigor la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen las medidas para la protección de las Infraestructuras Críticas y que tiene por objeto establecer las estrategias y estructuras adecuadas, que permitan dirigir y coordinar las actuaciones de los distintos órganos de las Administraciones Públicas en materia de protección de Infraestructuras Críticas, previa identificación y designación de las mismas, para mejorar la prevención, preparación y respuesta de nuestro Estado, frente a atentados terroristas u otras amenazas que afecten a las mismas.

Tras la constitución de la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, que aglutina a todos los departamentos, organismos y administraciones con responsabilidades en la materia, ésta celebró su primera sesión con la aprobación de los cinco Planes Estratégicos Sectoriales (electricidad, gas, petróleo, nuclear y financiero). Ahora llega el turno para los nuevos Planes Estratégicos Sectoriales para el transporte (aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre), y el agua, tras su reciente aprobación el  pasado mes de septiembre.

¿Cómo se ha ido implantado esta normativa en los sectores estratégicos? ¿Qué aspectos comprenderán estos nuevos planes? ¿Cuáles serían las líneas maestras para una óptima implementación del sistema PIC? ¿Qué relación debe jugar el binomio público privado en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas?

  • Nuevas tecnologías aplicadas a la coordinación entre Seguridad Privada-Pública e Infraestructuras Públicas.

Un nuevo entorno tecnológico provisto de útiles herramientas facilita a los ciudadanos mayor rapideze inmediatez en el acceso e intercambio de información. Saber aprovechar el enormepotencial que ofrecen las nuevas tecnologías se ha convertido en uno de los grandes retos a los queasiste este mundo globalizado donde la seguridad, hoy en día, ocupa unos de sus principales pilares.

Apoyándose en estas herramientas tecnológicas, el Ministerio del Interior, a través de la Secretaríade Estado de Seguridad, puso en marcha hace poco más de un año una aplicación móvil que facilita lacomunicación de los ciudadanos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para alertar en caso de necesidad, sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo. Hoy, en tan solo 12 meses, está innovadora aplicación ha recibido y procesado más de 26.000 alertas en los 99 centros activos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Del total de alertas recibidas a través de esta aplicación, bautizada bajo el nombre de «Alertcops», 20.386 corresponden a pruebas que el ciudadano lleva a cabo para comprobar el funcionamiento de la aplicación y que obtiene como respuesta un mensaje de los Cuerpos,donde puede comprobar que en caso de necesitar asistencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden geolocalizarlo. El resto corresponde a 5.616 alertas gestionadas por los cuerpos policiales y que en parte son peticiones de información, aunque también las hay de posibles situaciones de riesgos. Entrelas alertas recibidas por «Alertcops» destacan 3.000 peticiones de información, 400 alertas por vandalismo, 46 alertas por robo o atraco y 53 alertas por agresión sexual.

alercops«Alertcops» es un servicio pionero en la UE que facilita la comunicación y contacto directo con losagentes policiales, acorde con las actuales demandas de la sociedad y que sienta las bases para unared social segura. Y como respuesta también a la demanda ciudadana y de los medios de comunicación. El Ministerio del Interior ha apostado por potenciar la comunicación bidireccional e inmediata atenciónal ciudadano incluyendo en su página web un apartado dedicado al Nivel de Alerta Antiterrorista(NAA), con el fin de que toda la información oficial sobre el nivel de amenaza sea accesible a todosy en todo momento. Una iniciativa que ya comparte con sus instituciones homólogas en países comoEstados Unidos, Reino Unido o Australia.

Y si de tecnología hablamos, ésta cumple un papel fundamental en la Protección de InfraestructurasCríticas,que adquiere una mayor actualidadtras la reciente aprobación de los nuevos cinco planes elaborados en el ámbito de la seguridad,de los sectores del Transporte y del Agua, así como la designación de 54 nuevos operadores críticos.

Sin olvidar nuestro pasado, base de la Seguridad Privada actual, nos asomamos a un enorme reto: La aplicación y regulación de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, junto a la implementación de la Ciberseguridad, imprescindible para la protección de cualquier entorno  que nos proporcionen medios más seguros, menos vulnerables y los más altos niveles de especialización en el personal de seguridad privada, fundamentado en la formación.

Quizás sea momento de volver a releer a Jorge Manrique, y pasar del anhelo de revivir en el pasado, a buscar en aquel tiempo la base para construir un presente y un futuro mejor.

Fdo. D. Juan Carlos Ortega García